Una Cámara de Diputados desprestigiada y con cerca de un 30 % de sus miembros en problemas judiciales será el escenario en que el presidente brasileño, Michel Temer, librará la batalla definitiva por un poder que se le escurre entre las manos.

Por imperativos constitucionales, la Cámara baja tendrá la última palabra sobre la aceptación o no de la denuncia por corrupción que la Fiscalía presentó este lunes ante la Corte Suprema contra Temer, quien hasta hoy es respaldado por una importante base parlamentaria, que sin embargo ha menguado al calor del escándalo.

El caso será analizado, durante un proceso que puede llevar más de tres semanas, primero por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja y luego por el pleno de ese organismo, que sólo aceptará la denuncia si lo aprueba una mayoría de dos tercios de los 513 diputados, lo cual supone 342 votos.

En ese caso, y siempre que el pleno del Supremo ratifique luego la decisión de la Cámara baja, Temer sería suspendido de su función durante los 180 días que tendrá la corte para realizar el juicio y su lugar sería ocupado por el jefe de los diputados, Rodrigo Maia.

La Fiscalía sostiene en su denuncia que existen pruebas concretas sobre la supuesta participación de Temer en una trama corrupta que fue denunciada por el grupo cárnico JBS en el marco de un proceso de cooperación judicial.

No obstante, la Constitución brasileña prevé que, en el caso de que un presidente sea denunciado por delitos de tipo penal en pleno ejercicio de su mandato, un eventual proceso deberá ser avalado por los diputados, lo cual impone lo político a lo jurídico.

En ese terreno, Temer cuenta para empezar con su propia formación, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que con 64 de los 513 diputados representa la primera minoría, aunque existen alas díscolas que se oponen al mandatario.

También tiene hasta ahora el respaldo del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que suma 46 diputados pero que desde el estallido del escándalo debate su permanencia en el Gobierno.

Esa falta de unidad en el PMDB, el PSDB y en los otros partidos oficialistas abre una incógnita sobre la verdadera fuerza de Temer frente a una minoritaria oposición que necesitará reunir al menos 342 votos, hoy improbables, para darle curso a la denuncia.

Si bien Temer tiene hasta ahora una clara mayoría parlamentaria, su imagen frente a la sociedad es pésima y una reciente encuesta le atribuyó un escaso 7 % de apoyo, un dato que pudiera exacerbar las divergencias en su base, sobre todo cuando en octubre de 2018 todos los diputados volverán a pasar por la criba de las urnas.

A diferencia del proceso que el año pasado llevó a la destitución de Dilma Rousseff por irregularidades fiscales, esta vez el descontento de los brasileños con Temer no se expresa en las calles y han sido escasas y minoritarias las protestas en su contra.

Un termómetro del malestar será activado el viernes, para cuando los sindicatos han convocado a una huelga general contra las reformas impopulares que promueve el Gobierno, pero que pueden pescar en el escándalo que ha hecho de Temer el primer presidente brasileño denunciado por delitos de carácter penal.

En el entorno del mandatario se teme que una adhesión masiva a la huelga socave aún más su imagen ante diputados indecisos y pueda reforzar a la oposición, que se volcará en pleno por aceptarla.

En la Cámara baja también pueden pesar otros factores, como el hecho de que entre los 513 diputados hay 155 que responden en algún tipo de proceso penal o son al menos investigados por corrupción en la Corte Suprema, en casos en su mayoría vinculados a la trama de la estatal Petrobras.

Esa situación ha llevado en los últimos años a que la imagen de los diputados sea tan mala como la que hoy tiene el propio Temer.

Una encuesta difundida el pasado fin de semana por el instituto Datafolha dijo que el 65 % de los brasileños no cree en el Congreso, un 31 % confía poco y sólo un 3 % lo respeta como institución.

El mismo sondeo señaló que para el 83 % de los brasileños Temer "tuvo participación directa" en los escándalos de corrupción que han llevado a la Fiscalía a presentar la denuncia, en tanto que apenas un 6 % cree que es inocente.

EFE